Colombia: la paz que no hemos sabido construir

Territorio, poder y tradición civilista

Una reflexión sobre la paz colombiana debe comenzar por una paradoja: ¿cómo es posible que un país con una larga tradición civilista, instituciones republicanas y unas Fuerzas Militares históricamente subordinadas al poder constitucional no haya logrado consolidar una paz duradera?

Una charla del profesor Eduardo Pizarro Leongómez sobre el fracaso de la Paz Total me animó a volver sobre esta pregunta, pero desde una perspectiva más amplia. Considero que el problema colombiano no puede analizarse exclusivamente a partir de los resultados de una negociación ni de la voluntad de los actores armados. Hay que mirar las estructuras de poder, la configuración territorial, las desigualdades históricas y la capacidad real del Estado para gobernar y garantizar los derechos de todos sus ciudadanos.

Colombia ha mantenido una tradición institucional civilista que la diferencia de otros países latinoamericanos que atravesaron prolongados períodos de gobiernos militares. Sin embargo, esa tradición no ha impedido las guerras civiles, la violencia partidista, la exclusión política ni la persistencia del conflicto armado. La subordinación militar al poder civil es un principio fundamental de la democracia, pero no constituye, por sí sola, una garantía de paz. El desafío consiste en que el poder civil sea capaz de construir un Estado legítimo, eficaz y presente en todo el territorio.

Aquí aparece otro elemento fundamental: la relación entre las élites y las contraélites. Las élites económicas, políticas, empresariales, terratenientes y regionales han tenido históricamente una capacidad diferenciada de incidencia sobre las decisiones nacionales. Frente a ellas han surgido movimientos campesinos, sindicales, indígenas, afrocolombianos, organizaciones sociales y fuerzas políticas alternativas que han reclamado mayor participación y una distribución más equitativa del poder.

La disputa entre estos sectores no es necesariamente violenta ni antidemocrática. Por el contrario, una democracia necesita permitir que nuevos actores accedan al poder y promuevan transformaciones. El problema aparece cuando la exclusión, la concentración de oportunidades o la defensa de determinados intereses impiden que esas disputas se resuelvan mediante las instituciones. También cuando quienes llegan al poder terminan reproduciendo las prácticas que antes cuestionaban.

Pero existe una dimensión que considero indispensable y que con frecuencia queda relegada en los debates sobre la paz: la geopolítica del territorio colombiano.

Tenemos dos océanos, el Caribe y el Pacífico; somos un punto de conexión entre América del Sur, Centroamérica y el Caribe; compartimos fronteras terrestres con cinco países y contamos con territorios estratégicos como la Amazonía, la Orinoquía y la región andina. Nuestra ubicación ofrece posibilidades extraordinarias de integración comercial, proyección internacional y autonomía estratégica.

La complejidad geopolítica de Colombia también se expresa en su condición fronteriza. El país comparte límites terrestres con cinco Estados —Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá— y delimitaciones marítimas con otros nueve países. En total, son once los Estados con los que mantiene fronteras terrestres o marítimas, una condición que amplía sus posibilidades de proyección internacional, pero que también plantea importantes desafíos para el ejercicio de la soberanía y el control territorial.

La extensión y diversidad de estos espacios, que comprenden selvas, ríos, costas, zonas insulares y áreas de difícil acceso, exigen una presencia estatal permanente, articulada y eficaz. Cuando esa presencia es insuficiente y las comunidades fronterizas permanecen al margen de la inversión pública, la infraestructura, la justicia y las oportunidades de desarrollo, se generan condiciones que pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales transnacionales. El narcotráfico y otras economías ilegales encuentran en las debilidades institucionales, la limitada vigilancia y la escasa integración de estos territorios oportunidades para expandir sus actividades, establecer redes y disputar el control de espacios estratégicos.

De esta manera, el abandono histórico de algunas regiones fronterizas no constituye solamente un problema social o administrativo: representa también un desafío de seguridad, soberanía y política exterior. Una frontera no se protege únicamente mediante vigilancia y presencia de la Fuerza Pública; se fortalece cuando sus habitantes cuentan con instituciones, servicios, justicia, conectividad y alternativas económicas legales. La seguridad fronteriza y el desarrollo territorial son, por tanto, dimensiones inseparables de la construcción de paz.

Sin embargo, esa ventaja geográfica contrasta con la desigualdad territorial. Mientras determinadas regiones concentran infraestructura, inversión y decisiones políticas, otras continúan enfrentando dificultades de conectividad, acceso a la justicia, servicios públicos y oportunidades económicas. En algunos territorios, además, organizaciones armadas y economías ilegales disputan la autoridad del Estado.

La Comisión de la Verdad identificó precisamente la relación entre desigualdad territorial, desprotección y violencia. La guerra ha profundizado la exclusión y ha afectado especialmente a comunidades campesinas y étnicas. Por eso, la paz exige mucho más que acuerdos nacionales: requiere ordenamiento territorial participativo, acceso a la tierra, inversión, justicia y presencia institucional efectiva.

Desde esta perspectiva debemos evaluar la Paz Total. La apertura simultánea de diálogos con diferentes organizaciones armadas partió de una aspiración legítima: superar la fragmentación de los procesos anteriores y buscar una salida integral a las violencias. Sin embargo, su implementación ha puesto de manifiesto dificultades en el diseño de las negociaciones, la articulación institucional, la verificación de compromisos y la relación entre diálogo y seguridad. En varios territorios, las organizaciones armadas han conservado o ampliado su capacidad de control.

La lección no debería ser que negociar la paz es un error, sino que negociar sin objetivos verificables, sin caracterizar adecuadamente a los interlocutores y sin una estrategia estatal coherente puede terminar debilitando la confianza en las instituciones y en las propias salidas negociadas.

Otro aspecto particularmente importante, planteado por Eduardo Pizarro en su reflexión sobre los procesos de paz, es la necesidad de contar con negociadores suficientemente preparados y conocedores de la naturaleza, la estructura y las dinámicas internas de las organizaciones armadas. No se trata simplemente de sentar a dos partes en una mesa, sino de comprender con quién se está negociando, qué capacidad real tiene para comprometer a sus estructuras y cuáles son las condiciones para que los acuerdos se cumplan.

En organizaciones jerarquizadas, la dirección, los mandos intermedios y los combatientes de base no necesariamente tienen las mismas motivaciones ni enfrentan los mismos problemas al momento de abandonar las armas. Por eso, una negociación concentrada exclusivamente en las cúpulas puede dejar sin resolver las condiciones de reincorporación, seguridad y sostenibilidad para quienes integran las estructuras territoriales.

De allí la importancia de diseñar mecanismos diferenciados de interlocución, implementación y acompañamiento: uno dirigido a la conducción política y militar, otro que atienda las particularidades de los mandos intermedios y otro que contemple las necesidades de los combatientes de base. No significa establecer tres acuerdos políticos independientes, sino garantizar que el acuerdo general tenga mecanismos específicos para cada nivel de la organización.

La experiencia de los procesos de desmovilización demuestra la importancia de anticipar las fracturas internas, los incentivos para permanecer en la legalidad y las dificultades de reincorporación. La paz no se consolida cuando firma la cúpula; se consolida cuando las estructuras que representa efectivamente abandonan las armas y encuentran condiciones para integrarse a la sociedad.

Un acuerdo de paz no puede medirse solamente por quienes lo firman, sino también por la capacidad de quienes lo suscriben para garantizar que sus estructuras lo cumplan y que sus integrantes encuentren una alternativa real a las armas.

El gobierno de turno, cualquiera que sea su orientación política, debe comprender que la paz no puede depender de una política coyuntural ni de la voluntad de un mandatario. Necesitamos una política de Estado que articule seguridad, justicia, desarrollo rural, infraestructura, protección ambiental, participación ciudadana y cooperación internacional.

También debemos reconocer que la soberanía no consiste únicamente en delimitar fronteras, sino en garantizar que el Estado ejerza legítimamente su autoridad, proteja a las comunidades y genere condiciones de desarrollo. La Amazonía, el Pacífico, el Caribe y las fronteras terrestres deben formar parte de una estrategia nacional de integración y no continuar siendo considerados espacios periféricos.

Colombia no necesita renunciar a su tradición civilista ni a la negociación política. Necesita hacerlas efectivas. La paz requiere instituciones capaces de resolver las diferencias, impedir que la violencia sustituya a la política y garantizar que ningún sector tenga que recurrir a las armas para reclamar participación o defender sus derechos.

Quizás nuestra mayor dificultad no haya sido la falta de acuerdos, sino la incapacidad histórica de transformar las condiciones que permiten que la violencia se reproduzca.

La paz de Colombia no se construirá solamente silenciando las armas. Se construirá cuando el Estado consiga integrar su territorio, democratizar las oportunidades, garantizar la justicia y convertir la diversidad de intereses y proyectos políticos en una fuerza para la construcción nacional.

 (*) Exdiplomatica, escritora y analista internacional