En los últimos años, la figura de Nayib Bukele se ha convertido en un símbolo de lo que muchos denominan “eficacia autoritaria”. Su discurso de orden, su guerra sin tregua contra las pandillas y su imagen de líder fuerte han despertado simpatías dentro y fuera de El Salvador. Sin embargo, este fenómeno —que podríamos llamar “el virus Bukele”— es, en realidad, un peligro inminente para las democracias de la región y para la vigencia de los derechos fundamentales, un espejismo autoritario que amenaza Ámerica latina.
El debilitamiento de la democracia no proviene únicamente de factores externos, como la crisis del orden internacional o la erosión del multilateralismo. También nace desde dentro, en el seno mismo de nuestras sociedades. Cada vez que los ciudadanos normalizan la corrupción, justifican el irrespeto a las leyes o votan por candidatos que utilizan el poder para su beneficio personal, se destruye una parte del Estado de derecho. La indiferencia y la complicidad social son los mejores aliados del autoritarismo.
Como advirtió Thomas Hobbes, “el hombre es un lobo para el hombre” cuando la ley se somete a la voluntad del más fuerte. En ese escenario, la justicia deja de ser el equilibrio entre el derecho y la ética, y se convierte en un instrumento de dominación. El retroceso democrático no ocurre de un día para otro: empieza con la indiferencia, continúa con la justificación del abuso y termina con la aceptación del miedo como forma de gobierno.
Fortalecer la democracia no significa debilitar la autoridad. Significa, más bien, dotar al Estado de legitimidad ética, transparencia y capacidad institucional. Las autocracias y dictaduras son, como demuestra la historia, atajos peligrosos que prometen soluciones inmediatas, pero destruyen los cimientos de la libertad. Hoy, más que nunca, Colombia necesita recuperar la autoridad legítima, pero sin confundirla con autoritarismo, populismo o manipulación religiosa. Ningún político debe invocar a Dios para justificar el poder ni para someter conciencias.
La crisis global y la interdependencia internacional afectan a todos los países, sin importar su tamaño o su peso geopolítico. En Colombia, esta vulnerabilidad se traduce en crisis de gobernabilidad, pérdida de confianza institucional y persistencia de la violencia. Debemos preguntarnos, con serenidad: ¿a quién beneficia la guerra? ¿Quién ha permitido su perpetuación? No se trata de señalar a un par de expresidentes, sino de comprender una estructura histórica que ha roto el tejido social y ha polarizado al país.
Durante décadas, hemos combatido a los grupos armados ilegales sin lograr una victoria definitiva, porque la raíz del conflicto no es solo militar: es social, económica y moral. La inversión social, la educación y la justicia son herramientas tan poderosas como el uso legítimo de la fuerza. El hambre, la desigualdad y la exclusión no se curan con mano dura. La seguridad duradera se construye con justicia social, oportunidades y confianza en las instituciones.
Colombia debe resistir la tentación de los populismos —de derecha o de izquierda— que prometen soluciones rápidas, pero que en el fondo erosionan la democracia y abren el camino a la concentración del poder. La confusión entre comunismo, socialismo y populismo, alimentada por la desinformación y las redes sociales, ha convertido el debate político en un terreno de manipulación emocional. Un pueblo mal informado vota mal, y cuando vota mal, pierde su libertad.
Los autoritarismos pueden mostrar resultados inmediatos, pero su precio a mediano y largo plazo es devastador: la destrucción de la institucionalidad, la censura de la prensa, la persecución del disenso y la anulación de los derechos. La historia del siglo XX nos lo recuerda con crudeza: los regímenes que sacrificaron la libertad en nombre del orden terminaron dejando sociedades fracturadas y temerosas.
Colombia necesita despertar de la hipnosis colectiva provocada por los discursos incendiarios y las noticias falsas. Solo una ciudadanía unida, informada y comprometida podrá rescatar la autoridad legítima, la dignidad nacional y los valores que un día nos dieron identidad: el respeto, la solidaridad, la honestidad y la justicia.El verdadero orden no nace del miedo, sino del equilibrio entre la ley y la ética; no de la imposición del poder, sino del compromiso ciudadano con la verdad y la responsabilidad colectiva.
Artículo publicado por @Claraichaves en el Diario Eje21