Los compromisos de los países desarrollados no pueden quedarse en promesas
El cambio climático dejó de ser exclusivamente una cuestión ambiental. Hoy constituye un desafío económico, social, jurídico y geopolítico que pone a prueba la capacidad de cooperación de la comunidad internacional. Sus efectos no reconocen fronteras, pero sus consecuencias tampoco se distribuyen de manera equitativa. Los países que menos han contribuido históricamente a las emisiones contaminantes suelen disponer de menores recursos para enfrentar sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad y deterioro de sus territorios.
De allí la importancia de la diplomacia climática y de una pregunta que no admite respuestas evasivas: ¿quién debe asumir los costos de una crisis que no todos contribuyeron a producir en la misma proporción?
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático incorporó el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas. Este principio reconoce que todos los Estados deben actuar, pero también que sus responsabilidades históricas, sus recursos y sus posibilidades de respuesta son distintos. No significa eximir a los países en desarrollo de sus obligaciones, sino reconocer que la cooperación internacional debe considerar las diferencias existentes.
El Acuerdo de París estableció un marco universal de acción climática. Sin embargo, la distancia entre los compromisos anunciados y su aplicación efectiva sigue siendo uno de los grandes desafíos del sistema multilateral. La financiación es un componente esencial de esa brecha.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados para los países en desarrollo llegó a 136.700 millones de dólares en 2024, superando por tercer año consecutivo la meta anual de 100.000 millones. Es un avance que debe reconocerse, pero la cifra agregada no responde todas las preguntas: ¿cuánto llega efectivamente a las comunidades más vulnerables?, ¿qué proporción corresponde a donaciones y cuál a préstamos?, ¿se distribuyen los recursos de acuerdo con las necesidades de adaptación?
No es indiferente que un país deba endeudarse para proteger a su población de una crisis climática que apenas contribuyó a generar. Tampoco basta financiar proyectos de reducción de emisiones si se descuidan la adaptación, la protección de los ecosistemas y las pérdidas y daños que ya sufren determinadas comunidades.
Para Colombia, esta discusión tiene especial importancia. Su biodiversidad, sus bosques, sus páramos y sus recursos hídricos constituyen un patrimonio ambiental de valor mundial. Protegerlos exige políticas públicas sostenidas, inversión, conocimiento científico y participación de las comunidades. Pero también demanda una diplomacia capaz de convertir ese patrimonio en capacidad de negociación y cooperación internacional.
Colombia debe defender una posición constructiva: cumplir sus compromisos climáticos, fortalecer sus políticas de adaptación y reducción de emisiones, y exigir que la cooperación internacional sea suficiente, accesible, previsible y transparente. Esto supone también diversificar las fuentes de financiación, facilitar la transferencia de tecnologías y evitar que las exigencias ambientales se conviertan en barreras comerciales desproporcionadas para las economías en desarrollo.
La próxima Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, COP31, prevista para noviembre en Türkiye, representa una oportunidad para avanzar en la implementación de los compromisos anteriores. El éxito no debería medirse únicamente por el lenguaje de la declaración final, sino por los recursos movilizados, la capacidad de adaptación construida y los resultados verificables.
La responsabilidad climática es compartida, pero la justicia exige reconocer las diferencias. Los países desarrollados deben cumplir sus compromisos y contribuir de manera efectiva, mientras los países en desarrollo deben fortalecer sus propias políticas y garantizar el uso transparente de los recursos.
En un mundo donde la competencia geopolítica amenaza con desplazar la cooperación, la diplomacia climática recuerda una verdad fundamental: ningún Estado puede proteger por sí solo el planeta. La credibilidad del sistema internacional dependerá de que las promesas se conviertan en acciones y de que la transición hacia economías sostenibles no reproduzca las desigualdades que pretende superar.
Artículo publicado en el Diario Eje21
