El primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP fue la Reforma Rural Integral. No fue una concesión a la antigua guerrilla ni un beneficio exclusivo para quienes dejaron las armas. Fue el reconocimiento de una realidad histórica: la desigualdad en el acceso a la tierra, la pobreza campesina, la concentración de la propiedad rural y el abandono estatal de amplios territorios han sido factores determinantes en la persistencia del conflicto armado colombiano.
Por eso resulta profundamente preocupante que el Gobierno colombiano haya solicitado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas retirar la Reforma Rural Integral del mandato de verificación de la Misión de la ONU, mientras propone mantener el seguimiento internacional a la reincorporación de los excombatientes y a sus garantías de seguridad. La petición, presentada por el canciller Omar Bula el 12 de octubre, plantea un interrogante fundamental sobre las prioridades del Estado frente a la implementación integral del Acuerdo de Paz.
La preocupación adquiere una dimensión mayor ante la discusión sobre la renovación del mandato de la Misión por un año adicional. Aunque la solicitud de excluir la reforma rural está confirmada oficialmente, es necesario distinguirla de la afirmación de que el Gobierno haya condicionado expresamente la renovación a que se acepte esa exclusión. Lo que sí resulta evidente es que la decisión sobre las funciones que conservará la Misión tendrá consecuencias para el seguimiento internacional de los compromisos de paz.
¿Qué sentido tiene prolongar el acompañamiento internacional mientras se pretende retirar de su vigilancia uno de los componentes más importantes del Acuerdo?
Una reforma para los campesinos, no solamente para los excombatientes
El exministro Juan Camilo Restrepo ha expresado una preocupación que merece especial atención. Ha calificado la solicitud como sorprendente e inexplicable y ha recordado que los acuerdos sobre desarrollo rural benefician a las gentes del campo colombiano, no exclusivamente a las FARC. También ha subrayado la importancia de una voz independiente que supervise la implementación, especialmente ante sus retrasos y deficiencias.
Su reflexión pone el debate en el lugar correcto: la Reforma Rural Integral no debe interpretarse desde la identidad política de quienes negociaron la paz, sino desde las necesidades de la población que históricamente ha padecido la desigualdad territorial.
Los campesinos necesitan acceso a la tierra, seguridad jurídica sobre sus propiedades, crédito, asistencia técnica, vías terciarias, infraestructura, educación, salud y oportunidades para comercializar sus productos en condiciones justas. Necesitan, además, que el Estado llegue a los territorios con instituciones capaces de garantizar derechos y ofrecer alternativas económicas sostenibles.
La reforma rural busca precisamente contribuir a esa transformación. Su importancia trasciende los intereses de cualquier partido, gobierno o antiguo grupo armado. Se trata de una política fundamental para el desarrollo nacional y para la construcción de una paz que no dependa exclusivamente de la capacidad del Estado para ejercer la fuerza.
La seguridad es indispensable, pero no basta
Garantizar la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz es una obligación ineludible. Los asesinatos, las amenazas y los obstáculos para su reincorporación a la vida civil constituyen problemas graves que exigen respuestas eficaces. Sin seguridad no puede consolidarse la paz.
Pero de esa premisa no se desprende que la reforma rural deba perder el seguimiento internacional. Por el contrario, ambas dimensiones se complementan.
La ausencia de oportunidades económicas, la precariedad de los servicios públicos, las disputas por la tierra y la débil presencia institucional favorecen la persistencia de condiciones en las que pueden arraigarse las economías ilícitas y las organizaciones armadas. La transformación de los territorios no garantiza por sí sola la desaparición de la violencia, pero constituye una parte indispensable de cualquier estrategia integral para superarla.
Proteger a quienes dejaron las armas sin transformar suficientemente las condiciones que alimentaron el conflicto sería atender una consecuencia sin abordar con igual determinación algunas de sus causas.
La paz no puede medirse únicamente por la capacidad de impedir que los antiguos combatientes regresen a la guerra. También debe evaluarse por las condiciones de vida de las comunidades, las oportunidades que tienen los jóvenes rurales y la capacidad de los campesinos para desarrollar sus actividades productivas sin depender de actores ilegales.
La verificación internacional no sustituye al Estado
La Cancillería argumenta que la Reforma Rural Integral es una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya ejecución corresponde a las instituciones permanentes del Estado colombiano. Sostiene, además, que existen instrumentos normativos e institucionales para continuar las políticas de acceso a tierras, formalización de la propiedad y desarrollo productivo sin necesidad de mantener un mecanismo extraordinario de verificación internacional.
Es cierto que la responsabilidad principal de implementar el Acuerdo corresponde al Estado colombiano. Las Naciones Unidas no pueden sustituir a las autoridades nacionales ni ejecutar en su lugar las políticas de desarrollo rural.
Sin embargo, una cosa es la responsabilidad de implementar los compromisos y otra la utilidad de contar con un mecanismo independiente que examine sus avances, identifique obstáculos y mantenga la atención sobre las obligaciones pendientes.
La Misión de Verificación no es una institución ajena al proceso de paz. El Consejo de Seguridad amplió su mandato mediante la Resolución 2673 de enero de 2023 para incluir expresamente el seguimiento al primer punto del Acuerdo: la Reforma Rural Integral. Actualmente, ese mandato comprende también la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad.
Por consiguiente, retirar la reforma rural de la verificación no sería una simple reorganización administrativa. Significaría modificar una función que el propio Consejo de Seguridad incorporó a la arquitectura internacional de acompañamiento a la paz colombiana.
Si el Gobierno considera que las instituciones nacionales están en condiciones de garantizar una implementación eficaz, debe demostrarlo mediante resultados verificables, transparencia presupuestal, cumplimiento de metas y avances concretos en los territorios. La existencia de capacidades institucionales no constituye, por sí misma, una razón suficiente para prescindir del seguimiento independiente.
Una voz independiente cuando los resultados son insuficientes
La observación del exministro Restrepo sobre la lentitud y las deficiencias en la implementación de los compromisos de desarrollo rural merece especial consideración. Cuando una política pública presenta dificultades persistentes, la respuesta razonable debería ser fortalecer los mecanismos que permitan identificar sus causas y corregirlas.
La verificación internacional contribuye a mantener una evaluación independiente de los avances y de los obstáculos que persisten. También ayuda a evitar que la implementación de los compromisos dependa exclusivamente de las prioridades de cada administración.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó en su informe de octubre de 2026 la importancia del Acuerdo de Paz para promover la seguridad, el desarrollo y la estabilización territorial. Asimismo, resaltó el potencial de la Reforma Rural Integral para fortalecer la presencia del Estado y contribuir a enfrentar las condiciones que sostienen las economías ilícitas.
Este reconocimiento confirma que la dimensión rural no es secundaria en la construcción de la paz. La seguridad territorial no depende solamente de la actuación de las fuerzas públicas, sino también de la capacidad de las instituciones para garantizar derechos, ofrecer oportunidades y consolidar una presencia estatal legítima y duradera.
En consecuencia, debilitar el seguimiento internacional a la reforma rural, cuando su implementación todavía enfrenta dificultades, exige una justificación mucho más sólida que la simple afirmación de que se trata de una responsabilidad nacional.
Los compromisos de paz trascienden a los gobiernos
El Acuerdo de Paz de 2016 constituye un compromiso del Estado colombiano. Su implementación no puede depender exclusivamente de la orientación política del gobierno de turno ni de la voluntad de privilegiar unos componentes sobre otros.
La reforma rural forma parte de una estrategia integral que busca superar las condiciones históricas de exclusión y fortalecer la institucionalidad en las regiones más afectadas por el conflicto. Por ello, su cumplimiento debe ser una política de Estado, con independencia de quién ocupe la Presidencia de la República.
La discusión también tiene una dimensión jurídica que merece rigor. La afirmación de que los acuerdos de desarrollo rural integran el bloque de constitucionalidad, planteada por Restrepo, requiere precisar el alcance jurídico de las disposiciones correspondientes. No obstante, más allá de esa discusión técnica, la obligación estatal de avanzar en la implementación del Acuerdo y respetar los compromisos jurídicos aplicables no desaparece por una modificación del mandato de la Misión.
Tampoco desaparecen las necesidades de los campesinos ni los problemas estructurales que justificaron la reforma.
La comunidad internacional debe respetar la soberanía de Colombia y la competencia del Consejo de Seguridad para determinar el mandato de su Misión. Pero el ejercicio de esa soberanía no exime al Estado de rendir cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos que asumió. La cooperación internacional y la responsabilidad nacional no son incompatibles: pueden y deben complementarse.
La paz no puede negociarse a costa del campo colombiano
La discusión sobre la renovación de la Misión de Verificación debe conducir a fortalecer el cumplimiento integral del Acuerdo, no a reducir el seguimiento de aquellos compromisos cuya ejecución sigue siendo determinante para millones de ciudadanos.
Si la continuidad de la Misión por un año más llegara a condicionarse expresamente a retirar la Reforma Rural Integral de su mandato, estaríamos ante una decisión política profundamente cuestionable. La permanencia del acompañamiento internacional no debería convertirse en moneda de cambio para disminuir la vigilancia sobre uno de los pilares de la paz.
Es necesario insistir en esta distinción: no está confirmado que ese condicionamiento se haya formulado expresamente. Pero la propuesta de excluir la reforma rural sí está documentada, y sus posibles consecuencias justifican un debate público serio.
Colombia necesita que las Naciones Unidas continúen acompañando los esfuerzos de paz, con un mandato que responda a las necesidades reales del país. Necesita proteger a los firmantes, garantizar la seguridad de las comunidades y avanzar con decisión en las transformaciones rurales pendientes.
La paz no se consolida seleccionando los compromisos que resulta conveniente verificar. Se construye cumpliéndolos, corrigiendo sus deficiencias y garantizando que sus beneficios lleguen a quienes más los necesitan.
Después de décadas de conflicto armado, sería una grave equivocación concentrar la atención en la reincorporación de los antiguos combatientes y relegar el desarrollo rural, que representa una de las apuestas más importantes para superar la exclusión histórica del campo.
La verdadera medida del éxito del Acuerdo no será solamente que quienes dejaron las armas permanezcan en la legalidad. Será también que los campesinos puedan vivir dignamente, que la tierra deje de ser una fuente de desigualdad y violencia, que las comunidades encuentren oportunidades económicas y que el Estado esté presente donde durante demasiado tiempo prevalecieron el abandono y el miedo.
La Reforma Rural Integral no es un capítulo prescindible del Acuerdo de Paz ni un favor a las antiguas FARC. Es un compromiso con Colombia y, sobre todo, con sus campesinos. Debilitar su verificación cuando todavía queda tanto por hacer sería una decisión irresponsable frente al futuro del país. La paz exige mantener los compromisos, no reducirlos.
Artículo publicado en el Diario Eje21
