11 Popayán, miércoles 28 de octubre de 2026 | WWW.ELLIBERALPOPAYAN.COM

Inteligencia artificial: poder, empleo
y soberanía tecnológica

La inteligencia artificial está dejando de
ser una innovación circunscrita a los laboratorios
tecnológicos para convertirse en
uno de los factores determinantes de la distribución
del poder mundial. Su influencia
se extiende a la economía, la seguridad, la
educación, el empleo y las relaciones entre
los Estados. La cuestión ya no es si transformará
nuestras sociedades, sino quién controlará
esa transformación, quién recibirá
sus beneficios y quién asumirá sus costos.
La disputa por la inteligencia artificial es,
en buena medida, una disputa geopolítica.
Las potencias que concentran los semiconductores
avanzados, la capacidad de cómputo,
los datos, el capital y el talento especializado
disponen de ventajas que pueden
traducirse en influencia económica, militar
y diplomática. Estados Unidos y China
ocupan posiciones centrales en esta competencia,
mientras Europa busca fortalecer
sus capacidades industriales y regulatorias.
Para los países en desarrollo, el desafío consiste
en evitar que la revolución tecnológica
amplíe las brechas existentes y consolide
nuevas formas de dependencia.
El problema no se limita a quién fabrica
los sistemas más avanzados. También importa
quién establece sus reglas, controla las
infraestructuras que los hacen funcionar,
administra los datos y define las condiciones
de acceso. Una sociedad puede utilizar
herramientas de inteligencia artificial de
última generación y, al mismo tiempo, depender
de proveedores externos para procesar
información, desarrollar aplicaciones
esenciales y mantener servicios estratégicos.
Acceder a la tecnología no equivale necesariamente
a dominarla.
El empleo ante una transformación estructural
El mercado laboral constituye uno de los
escenarios donde esta transformación tendrá
mayores consecuencias. La inteligencia
artificial puede automatizar determinadas
tareas, aumentar la productividad y facilitar
actividades que antes requerían más tiempo
y recursos. También puede mejorar los
servicios médicos, apoyar la investigación
científica, fortalecer la educación y contribuir
a la modernización de la administración
pública.
Sin embargo, sus beneficios no están
garantizados ni se distribuirán automáticamente.
Algunas ocupaciones experimentarán
cambios profundos; otras perderán
parte de sus tareas tradicionales y surgirán
nuevas funciones que exigirán conocimientos
técnicos y capacidades humanas complementarias.
El impacto dependerá del
sector económico, del nivel de formación
de los trabajadores y de la manera en que las
empresas incorporen estas herramientas.
El Fondo Monetario Internacional ha
advertido que la inteligencia artificial puede
afectar una proporción importante del
empleo mundial, aunque la exposición no
significa necesariamente la desaparición de
los puestos de trabajo. En muchos casos, la
tecnología complementará la labor humana;
en otros, sustituirá tareas y modificará
las necesidades de contratación.
El riesgo consiste en que los aumentos
de productividad se traduzcan en mayores
beneficios para un grupo reducido de empresas,
mientras los trabajadores afrontan
incertidumbre, pérdida de oportunidades
o dificultades para adaptarse. Los jóvenes
que ingresan al mercado laboral merecen
especial atención: si las herramientas automatizan
tareas básicas que tradicionalmente
permitían adquirir experiencia, será
necesario crear nuevas vías de aprendizaje
profesional.
La respuesta no debe ser frenar indiscriminadamente
la innovación, sino preparar
a la sociedad para gestionarla. Esto requiere
educación de calidad, formación continua,
actualización de competencias, protección
social y diálogo entre gobiernos, empresas,
universidades y trabajadores. También
exige evaluar cómo se utilizan los sistemas
automatizados en la contratación, la evaluación
del desempeño y la toma de decisiones
que afectan los derechos de las personas.
El verdadero indicador del progreso tecnológico
no debería ser únicamente cuánto
aumenta la productividad, sino también
cómo se distribuyen sus beneficios y qué
oportunidades ofrece a quienes deben
adaptarse.
Soberanía tecnológica: más que conectarse
a internet
Para América Latina, la soberanía tecnológica
se ha convertido en una cuestión
estratégica. No significa producir dentro
de las fronteras nacionales todos los componentes
de una industria global, una meta
difícil incluso para economías avanzadas.
Significa desarrollar capacidades suficientes
para tomar decisiones informadas, proteger
los intereses públicos, reducir dependencias
críticas y participar en la creación de soluciones
tecnológicas.
Un informe de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL),
publicado en enero de 2026, identificó limitaciones
regionales relacionadas con
la inversión en inteligencia artificial y la
formación de capital humano. Más recientemente,
el Índice Latinoamericano de
Inteligencia Artificial de 2026, presentado
el 20 de octubre por la CEPAL y el Centro
Nacional de Inteligencia Artificial de Chile,
destacó que la conectividad, aunque indispensable,
ya no es suficiente. La región necesita
fortalecer la capacidad de cómputo, la
investigación, la adopción empresarial y la
ejecución de sus estrategias nacionales.
Las asimetrías son significativas. Según
ese índice, Brasil concentra el 87,7 % de las
unidades de procesamiento gráfico y el 92
% de la capacidad de procesamiento regional
consideradas en el estudio. Además, la
adopción empresarial estimada alcanza el
27,6 % en las grandes compañías, frente al
12,8 % en las medianas y el 6,8 % en las
pequeñas. Estas cifras ilustran las diferencias
de capacidad y escala que condicionan
el desarrollo tecnológico latinoamericano.
La región no puede conformarse con
importar aplicaciones y consumir servicios
desarrollados en otros mercados. Necesita
invertir en investigación, fortalecer sus
universidades, formar especialistas, mejorar
la infraestructura digital y estimular
a las empresas para que incorporen estas
herramientas en sus procesos productivos.
También debe proteger sus datos, preservar
la privacidad y desarrollar capacidades
para evaluar los riesgos de los sistemas que
adopta.
Colombia tiene una oportunidad para
avanzar en esta dirección. La Política Nacional
de Inteligencia Artificial, aprobada mediante
el CONPES 4144 de 2025, estableció
más de cien acciones con horizonte hasta
2030 y una inversión prevista de 479.000
millones de pesos. Sus líneas de trabajo incluyen
gobernanza, infraestructura y datos,
investigación, formación de talento, gestión
de riesgos y adopción tecnológica.
El desafío consiste ahora en convertir
los objetivos de política pública en resultados
verificables. Esto supone coordinar las
instituciones, garantizar la continuidad de
las inversiones, fortalecer las capacidades
regionales y asegurar que la innovación
llegue también a las pequeñas empresas,
las instituciones educativas y las comunidades
rurales. La soberanía tecnológica no
se construye únicamente con anuncios o
estrategias escritas, sino con conocimiento,
infraestructura, talento y capacidad efectiva
de ejecución.
La dimensión jurídica y democrática
El desarrollo de la inteligencia artificial
plantea, además, preguntas fundamentales
sobre el Estado de derecho. ¿Quién responde
cuando un sistema automatizado produce
una decisión discriminatoria? ¿Cómo
se protegen los datos personales? ¿Qué garantías
deben tener los ciudadanos cuando
una entidad pública utiliza algoritmos para
evaluar solicitudes, asignar recursos o identificar
riesgos?
Estas preguntas requieren marcos jurídicos
que protejan los derechos fundamentales
sin convertir la regulación en un obstáculo
innecesario para la investigación y la
innovación. La transparencia, la supervisión
humana en decisiones de alto impacto,
la seguridad de los sistemas y la posibilidad
de cuestionar decisiones automatizadas deben
formar parte de una gobernanza responsable.
La cuestión también tiene implicaciones
internacionales. Los sistemas de inteligencia
artificial pueden utilizarse para mejorar
servicios públicos y ampliar el acceso al conocimiento,
pero también pueden facilitar
la desinformación, la vigilancia abusiva y
determinadas formas de manipulación. Por
ello, la cooperación entre Estados resulta
indispensable para establecer principios
comunes, intercambiar conocimientos y
abordar riesgos que no se detienen en las
fronteras nacionales.
Ningún país puede resolver por sí solo
todos estos desafíos. Pero la cooperación
internacional será más equilibrada si los
países en desarrollo participan en la elaboración
de las reglas y no se limitan a recibir
estándares definidos por otros.
Una agenda para América Latina
La inteligencia artificial ofrece a América
Latina una oportunidad para diversificar
sus economías, mejorar la productividad
y atender problemas persistentes en salud,
agricultura, educación, gestión ambiental y
administración pública. Para aprovecharla,
la región necesita una agenda que combine
innovación con inclusión social y autonomía
tecnológica.
Esa agenda debe priorizar la formación
de talento, la investigación aplicada, la infraestructura
digital, el apoyo a las pequeñas
y medianas empresas y la protección de
los derechos ciudadanos. También conviene
impulsar proyectos regionales de investigación,
compartir capacidades de cómputo
y fortalecer la cooperación universitaria. En
lugar de duplicar esfuerzos de manera aislada,
los países pueden sumar recursos y conocimientos
en ámbitos de interés común.
La soberanía tecnológica no exige autarquía
ni aislamiento. Exige capacidad de
elección. Un país puede cooperar con empresas
extranjeras, utilizar tecnologías internacionales
y atraer inversión sin renunciar a
la protección de sus datos, al desarrollo de
capacidades propias ni a la defensa de sus
intereses públicos.
La revolución de la inteligencia artificial
no determinará por sí sola el futuro de
nuestras sociedades. Ese futuro dependerá
también de las decisiones políticas, las instituciones,
las prioridades educativas y los
acuerdos económicos que se adopten hoy.
La pregunta decisiva no es si América Latina
logrará competir en todos los terrenos
con las grandes potencias tecnológicas. Es
si podrá utilizar la inteligencia artificial para
ampliar sus capacidades, generar empleos
de mayor calidad, reducir desigualdades y
fortalecer su autonomía.
En el siglo XXI, la soberanía no se mide
exclusivamente por el control del territorio o
de los recursos naturales. También depende
de la capacidad de producir conocimiento,
administrar información, formar talento y
participar en las decisiones que configuran
la economía mundial. Quedar al margen de
esa transformación tendría un costo que va
mucho más allá de la tecnología: comprometería
las posibilidades de desarrollo y la
libertad de decidir el propio futuro.