Hay momentos en la vida de las naciones en los que una decisión aparentemente política termina definiendo su posición frente al mundo durante generaciones. La eventual salida de Colombia del Estatuto de Roma y el propósito de acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz —si llegaran a concretarse— serían decisiones de esa naturaleza.
No estamos ante una discusión menor ni ante una controversia entre gobiernos. Estamos hablando de la defensa del Estado de derecho, de los derechos de las víctimas, de la independencia judicial y del principio fundamental de que todos somos iguales ante la ley, independientemente del poder político, económico o militar que tengamos.
Por eso resulta preocupante que, según informaciones conocidas esta semana, el Gobierno de Abelardo de la Espriella estaría evaluando la posibilidad de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI). Hasta ahora no existe confirmación oficial de que se haya iniciado formalmente el procedimiento de retiro, pero la sola posibilidad merece una discusión nacional seria.
El Estatuto de Roma no atenta contra la soberanía colombiana
Colombia no llegó al Estatuto de Roma por imposición de ninguna potencia. El Congreso aprobó la Ley 742 de 2002 y la Corte Constitucional declaró constitucional tanto la ley como el tratado.
En su sentencia C-578 de 2002, la Corte fue particularmente clara: el Estatuto de Roma establece una competencia complementaria de la Corte Penal Internacional y no sustituye el derecho interno ni las competencias de las autoridades judiciales colombianas.
Este punto es fundamental.
Pertenecer a la CPI no significa entregar nuestra soberanía. Significa que Colombia acepta voluntariamente unas reglas internacionales destinadas a impedir que los crímenes más graves queden impunes cuando las instituciones nacionales no pueden o no quieren actuar genuinamente.
La CPI tampoco es un tribunal creado para perseguir a determinados países o gobiernos. Su razón de ser es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más profunda: investigar y juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional.
No debería importar si el acusado es poderoso o débil, amigo o enemigo, colombiano, israelí, estadounidense o de cualquier otra nacionalidad.
Ese es precisamente el significado de la igualdad ante la ley.
La JEP tampoco debe convertirse en una víctima de la polarización
Algo semejante ocurre con la JEP.
Podemos y debemos discutir su funcionamiento. Podemos exigirle mayor celeridad, rigor, transparencia y resultados. Podemos cuestionar decisiones concretas y exigir que todos sus procedimientos respeten plenamente el debido proceso.
Pero una cosa es reformar una institución cuando existen razones para hacerlo y otra muy diferente es destruirla por razones políticas.
La JEP nació de un acuerdo de paz que buscó responder a una realidad excepcional: décadas de conflicto armado y millones de víctimas. Su misión está estrechamente relacionada con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Eliminarla sin garantizar un mecanismo igualmente eficaz para cumplir esas obligaciones podría terminar perjudicando precisamente a quienes durante años han reclamado justicia.
Las instituciones de justicia pueden ser imperfectas. Lo que no puede ser imperfecto es el compromiso del Estado con las víctimas.
La CPI y la JEP, por supuesto, no son lo mismo. Una es una jurisdicción internacional permanente y la otra es una jurisdicción transicional colombiana. Pero ambas responden a una preocupación común: evitar que los crímenes más graves terminen enterrados por el paso del tiempo, la influencia política o la falta de voluntad institucional.
La coincidencia internacional no puede ignorarse
La preocupación adquiere una dimensión adicional por el momento en que aparece esta propuesta.
Estados Unidos ha intensificado su confrontación con la Corte Penal Internacional. El 18 de agosto, la administración Trump impuso sanciones contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y contra el abogado principal de juicio de la Fiscalía, Abdoulaye Seye. Washington sostiene que la Corte ha excedido su jurisdicción y ha actuado contra funcionarios de gobiernos que no han aceptado su competencia.
Las medidas estadounidenses se producen después de las actuaciones de la CPI relacionadas con funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant. Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma.
Washington, además, ha expresado su intención de presionar a los Estados miembros para que abandonen la Corte.
No corresponde a Colombia desconocer las razones que Estados Unidos tiene para defender su posición. Washington es un aliado estratégico de nuestro país y la relación bilateral es demasiado importante para ser reducida a una confrontación ideológica.
Pero precisamente por la madurez que debe caracterizar una relación entre Estados amigos, Colombia tiene derecho a mantener una posición propia.
Ser aliado de Estados Unidos no significa tener que coincidir con Washington en cada asunto jurídico o diplomático.
Y mucho menos cuando está en juego la independencia de la justicia.
Cuando los poderosos cuestionan a los jueces
Aquí está el verdadero problema.
No se trata únicamente de Trump, de Netanyahu ni de la CPI.
Se trata de un principio mucho más grande: ¿puede la justicia internacional ser independiente si los gobiernos poderosos pueden sancionar a sus jueces cuando sus decisiones les resultan inconvenientes?
La respuesta debería ser no.
Una cosa es cuestionar jurídicamente la competencia de un tribunal. Los Estados tienen derecho a defender sus posiciones y utilizar los mecanismos diplomáticos y judiciales que consideren pertinentes.
Otra muy distinta es que la presión política y económica termine convirtiéndose en un instrumento para intimidar a quienes ejercen funciones judiciales.
Cuando una potencia sanciona a funcionarios judiciales por actuaciones vinculadas con investigaciones que afectan a personas políticamente poderosas, el problema deja de ser exclusivamente bilateral. Surge un interrogante para todo el sistema internacional: ¿qué independencia puede tener un tribunal si sus jueces deben temer las consecuencias políticas de sus decisiones?
La justicia pierde su sentido si existen personas que pueden escoger qué tribunal las juzga, qué reglas se les aplican y cuándo una decisión judicial debe ser considerada legítima.
No puede haber una justicia para los poderosos y otra para los demás.
La diplomacia no significa silencio
Colombia debe decir esto con claridad, pero también con responsabilidad.
No necesitamos una política exterior hostil hacia Estados Unidos. Tampoco necesitamos convertir la relación bilateral en una disputa ideológica.
Lo que necesitamos es una política exterior adulta.
Una política exterior capaz de decirle a Washington: somos amigos, somos aliados y queremos fortalecer nuestra relación, pero también tenemos compromisos internacionales, instituciones y principios jurídicos que debemos preservar.
Esa no es una posición antiestadounidense.
Es una posición soberana.
Precisamente por eso sería inconveniente que Colombia abandonara el Estatuto de Roma coincidiendo con la campaña estadounidense para debilitar la CPI. Aunque nadie pudiera demostrar una relación causal entre ambas decisiones, la coincidencia temporal produciría inevitablemente preguntas sobre la autonomía de nuestra política exterior.
Colombia no debería permitir que el mundo interprete que está modificando sus compromisos jurídicos internacionales para acomodarse a las preferencias de una potencia, por amiga y cercana que sea.
La justicia no puede depender de la conveniencia geopolítica
Durante décadas, Colombia pidió a la comunidad internacional solidaridad frente al conflicto armado, apoyo para las víctimas y cooperación para alcanzar la paz.
La comunidad internacional acompañó el proceso de paz colombiano.
Hoy Colombia tiene también una responsabilidad frente al mundo.
No podemos defender el derecho internacional cuando protege nuestros intereses y cuestionarlo cuando alcanza a nuestros aliados.
No podemos pedir justicia para nuestras víctimas y al mismo tiempo aceptar que la justicia internacional pierda legitimidad cuando sus investigaciones incomodan a gobiernos poderosos.
No podemos defender la igualdad ante la ley dentro de Colombia y tolerar que internacionalmente existan Estados o gobernantes que consideren que ciertas reglas simplemente no les son aplicables.
La universalidad de los derechos humanos se demuestra precisamente cuando defendemos esos derechos incluso cuando hacerlo resulta políticamente incómodo.
Colombia no tiene que escoger
Colombia no tiene que escoger entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional.
Puede mantener una relación estratégica, profunda y respetuosa con Washington y, al mismo tiempo, permanecer comprometida con el Estatuto de Roma.
Puede mantener la JEP y exigirle resultados.
Puede defender la independencia de la CPI y, simultáneamente, reclamar que todos los tribunales internacionales actúen con rigor, imparcialidad, debido proceso y respeto por sus propias competencias.
Eso no es contradictorio.
Es precisamente lo que significa tener instituciones serias.
Por eso, si existen problemas en la CPI, deben discutirse dentro de los mecanismos correspondientes. Si existen problemas en la JEP, deben corregirse. Si una decisión judicial es equivocada, debe ser recurrida. Si un funcionario incumple sus deberes, debe responder.
Pero la solución a los problemas de la justicia no puede ser acabar con la justicia.
Y mucho menos hacerlo en un momento en que el mundo observa con preocupación cómo la presión política comienza a dirigirse contra quienes tienen la responsabilidad de impartirla.
Colombia debería enviar un mensaje diferente.
Un mensaje que no sea contra Estados Unidos, contra Israel ni contra ningún otro país.
Un mensaje a favor de nosotros mismos.
Que Colombia es un Estado soberano, pero también un Estado de derecho; que tiene aliados, pero no tutores; que respeta a las grandes potencias, pero no renuncia por ello a sus principios; y que entiende que la verdadera igualdad ante la ley comienza precisamente cuando la ley alcanza a los poderosos.
Porque cuando la justicia se debilita para proteger al poderoso, el ciudadano común queda indefenso.
Y cuando los jueces pueden ser presionados por sus decisiones, la primera víctima no es el juez.
Es la justicia.