La nueva Colombia que necesitamos

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[vc_row css=».vc_custom_1423751086688{margin-bottom: 0px !important;}» parallax_background=»»][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1565759534698{margin-bottom: 38px !important;}»]La historia de Colombia se ha caracterizado por diversos ensayos de estado unitario, centro-federal como fueron las constituciones de 1821, 1832, y 1853; y federal como las constituciones de 1858 y 1863.  El federalismo llevo al país a una permanente guerra civil a partir de 1860, originando lo que se denominó ¨anarquía organizada¨, lo que terminó luego con el Estado unitario en 1886. Todo ello, pensando en la manera como debería de gobernarse y hacer presencia en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la diversidad cultural y la dinámica propia de cada zona del país, así como sus ventajas comparativas.

Finalmente, con la actual constitución de 1991, tenemos una estado unitario y centralizado, y que, a pesar de tener descentralización y desconcentración, esto no soluciona la eficacia y vitalidad que deberían de tener las regiones, departamentos y municipios.

En la actualidad, con ocasión al proceso de paz, se ha venido hablando de la violencia que se encuentra en la periferia, debido al abandono del Estado y a la ilegitimidad del mismo en estas zonas.

Lo cierto es, que cuando el Estado no hace presencia, su lugar es ocupado por grupos ilegales, quienes se benefician de la debilidad institucional, imponiendo un nuevo sistema de dominación, y un nuevo sistema económico, con una nueva dinámica de justicia a los ciudadanos, dando origen a la economía ilegal, la cual debilita la democracia y sus instituciones, empobrece al estado, y repercute en el aniquilamiento del medio ambiente y de los recursos naturales, que es lo que refleja la minería ilegal, el narcotráfico, la explotación ilícita de la Amazonia y del ecosistema en general.

La organización del centro- periferia de la sociedad colombiana ha tenido efectos negativos. Tan es así, que es en la periferia donde existe el mayor índice de pobreza, de informalidad de la tierra, de la falta de títulos sobre la misma.

Lo más preocupante es que la élite no conoce la periferia, y todo se maneja desde el poder central. Pero lo peor no es esto, sino que a la clase política pareciera no importarle desarrollar esta periferia, darle una nueva razón de ser, teniendo en cuenta sus necesidades y prioridades en todo nivel, haciéndola más participativa, porque si lo hiciera, el caciquismo y el clientelismo dejarían de existir, y por ende tendría repercusiones a la hora de obtener votos en las elecciones. Un pueblo más pensante y educado demanda una nueva dinámica la que los afectaría, pero lo que no podrían dejar de desconocer, es que traería desarrollo al país, y mejor calidad de vida para todos.

Urge cambiar esta relación del centro a la periferia, y se debe de tener en cuenta el factor cultural, el cual es vital, para entender a las minorías, la causa del conflicto, y para ser eficaz en un proceso de negociación, y de desarrollo.

Este tema, es a la vez, un problema político, institucional, y los incentivos deben de cambiar. Se requiere trasladar el poder a la periferia, modificando a la vez, la manera como se usan y se asignan los recursos. Se debe vincular a los ciudadanos que allí se encuentran en la hora de la toma de decisiones, pues quienes conocen las verdaderas necesidades, el sentir de ellas, la calidad de vida que quisieran tener, son ellos mismos, por lo que urge que se les escuche. De allí la importancia de que, en el actual proceso de paz, las víctimas sean siempre escuchadas, ejercicio sano y productivo para el propio proceso y su consolidación a futuro.

El empoderamiento que se le deben de dar a los ciudadanos de los rincones más apartados del país es urgente. El Estado debe de hacer presencia, generar un sistema de administración y de permanencia, así como ejercer una verdadera justicia, versus seguridad para garantizar una convivencia en paz, y por ende una gobernabilidad, permitiendo que estas regiones del país que no han podido ejercer su derecho al voto, debido a las condiciones de violencia en que se encuentran, puedan participar finalmente del ejercicio del sufragio y de la verdadera democracia.

Este acuerdo de paz que se firmara al parecer próximamente, debe de ser un proceso de oportunidad para transformar la democracia, mejorar la calidad de vida del pueblo colombiano y cuestionarnos como hacer más efectiva y permanente la presencia del Estado a través del Estado unitario dándole más independencia y autonomía a los territorios.

Urge entonces, darles a los territorios, voz, empoderamiento con unas verdaderas facultades, con medios suficientes, con mayor descentralización y autonomía para su propio desarrollo, lo que traerá por ende progreso para todo el país, con equidad y con mayor justicia social.

Pero también surge otra pregunta de fondo. ¿No sería sano que existiera una figura como la de un Primer Ministro que apoye al Presidente en la labor de coordinación de todos los entes del estado, pero lo que es más importante, en la ejecución de los verdaderos planes y programas del gobierno, como en la ejecución, implementación de las políticas de Estado? Esto ayudaría a tener una mejor planeación, eficiencia, eficacia, y resultado en las políticas de Estado; y acabaría con el dispersamiento que tienen los funcionarios públicos en su labor, y con el estar apagando incendios, sin tener una meta, un objetivo claro, en toda su labor, con lo cual se pierde lo fundamental de los planes y desarrollo tanto del gobierno como del Estado.

¿Cuál será entonces el mecanismo a seguir a nivel institucional o constitucional, para darle a los territorios, es decir, a las regiones, departamentos y municipios la dinámica que se requiere, a fin de que ellos puedan tener más autonomía, independencia, y resolver sus propias dificultades sin requerir de la presencia del poder central para su resolución?

Pero para ello, se necesita no solo de un Estado y unas instituciones fuertes, sino de la participación del sector privado y de la sociedad civil, para que puedan apoyar el desarrollo económico en estas localidades sin aplastar al pequeño empresario, sino apoyándolo a que este crezca.

No se puede lógicamente desconocer el papel vital de todos y cada uno de los colombianos, para comprometernos con el país y con el Presidente en su calidad de representante legal de este país que se llama Colombia, sin importar si es o no, de nuestros afectos; pensando en el desarrollo de Colombia y en el bienestar de todos los colombianos, generando un cambio de pensar, y un cambio cultural, por una verdadera cultura de la legalidad, donde se acabe la corrupción, las complacencias, y los politiqueros, de tal manera que la política encuentre su razón de ser, que es el arte de gobernar.

  • Profesora universitaria y ex-diplomática.

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