Más armas no significan más seguridad

Colombia parece empeñada, una vez más, en aprender las lecciones equivocadas de su propia historia.

La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión general del porte de armas de fuego constituye, en mi opinión, un grave error político y social. Aunque el Gobierno ha aclarado que la medida mantiene requisitos y controles para quienes pretendan portar armas legalmente, el mensaje que se transmite a la sociedad es profundamente preocupante: frente a la inseguridad, la respuesta sería que cada ciudadano esté más armado.

Y esa no puede ser la respuesta para Colombia.

Vivimos en un país que ha sufrido durante décadas las consecuencias de la violencia política, el conflicto armado, el narcotráfico, las organizaciones criminales y la circulación de armas. En semejante contexto, facilitar o ampliar la posibilidad de que las armas estén presentes en la vida cotidiana no parece una política de construcción de seguridad, sino una peligrosa apuesta por la desconfianza y la confrontación.

La seguridad de los ciudadanos no puede descansar en la idea de que cada persona debe estar preparada para responder con un arma. Esa es una lógica que puede conducir a una sociedad donde las diferencias, las discusiones y los conflictos cotidianos tengan consecuencias irreparables.

Basta observar, con espíritu crítico, el caso de Estados Unidos, donde la circulación masiva de armas se ha convertido también en un enorme negocio y donde la violencia armada ha producido tragedias que han conmocionado al mundo. Escuelas, familias y comunidades han sido golpeadas por ataques que demuestran las devastadoras consecuencias de una sociedad en la que las armas ocupan un lugar excesivamente normalizado.

Colombia no debe recorrer ese camino.

No podemos permitir que la violencia se convierta en una respuesta privada y cotidiana. El monopolio legítimo de la fuerza corresponde al Estado, y la obligación de las autoridades es fortalecer la Policía, la justicia, la inteligencia, la prevención y la presencia institucional en los territorios. Un Estado incapaz de garantizar seguridad no puede trasladar progresivamente esa responsabilidad a los ciudadanos.

Pero esta discusión adquiere una dimensión aún más profunda en el momento en que Colombia recuerda los diez años del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

El Acuerdo de Paz fue el resultado de una decisión histórica: reconocer que, después de décadas de confrontación, la guerra no podía ser la única respuesta. Negociar no fue una demostración de debilidad. Por el contrario, se necesitó valentía política para sentarse frente al adversario y buscar una salida distinta a la prolongación indefinida del conflicto.

Comparto plenamente la posición del expresidente Juan Manuel Santos cuando insiste en que el Acuerdo debe cumplirse a cabalidad. La paz no se firma simplemente en un documento. La paz se construye con presencia del Estado, oportunidades para las regiones, protección de las comunidades, cumplimiento de los compromisos adquiridos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Diez años después, resulta doloroso comprobar que muchos de sus compromisos siguen enfrentando enormes dificultades. El asesinato de firmantes del Acuerdo y las amenazas contra quienes decidieron abandonar las armas constituyen una tragedia y una advertencia para Colombia: un proceso de paz solo puede consolidarse si el Estado cumple su palabra.

Por eso sería una contradicción histórica celebrar una década del Acuerdo de Paz mientras se debilitan, simultáneamente, los principios que hicieron posible su construcción.

Negociar no significa rendirse. Dialogar no significa justificar el crimen. Buscar la paz no significa renunciar a la justicia. Significa comprender que la guerra tiene límites y que ninguna sociedad puede vivir eternamente sometida a la lógica de las armas.

En este contexto también resulta fundamental preservar la relación de Colombia con la Corte Penal Internacional y con el Estatuto de Roma. La vinculación de Colombia con la justicia penal internacional ha sido un elemento importante en la lucha contra la impunidad y ha tenido relevancia en el desarrollo de mecanismos de justicia transicional relacionados con el conflicto armado y el Acuerdo de Paz. Renunciar a ese marco internacional sería, en mi opinión, otro grave retroceso.

La Corte Penal Internacional representa un principio esencial: los crímenes más graves no pueden quedar impunes y los Estados tienen la responsabilidad primordial de investigar y juzgar a quienes los cometen. Alejar a Colombia de ese sistema enviaría una señal equivocada a las víctimas y a la comunidad internacional.

Colombia necesita menos culto a las armas y más confianza en las instituciones. Necesita menos discursos de confrontación y más capacidad para resolver sus conflictos. Necesita cumplir la palabra empeñada en los acuerdos de paz y preservar los compromisos internacionales que fortalecen la justicia y los derechos de las víctimas.

La verdadera fortaleza de una nación no se mide por el número de ciudadanos armados ni por la capacidad de responder a la violencia con más violencia.

Se mide por su capacidad de proteger la vida.

A diez años del Acuerdo de Paz, Colombia debería comprender que el camino hacia el futuro no puede construirse con más armas en las calles, sino con más Estado, más justicia, más oportunidades y, sobre todo, con una decisión firme de cumplir la paz que un día nos comprometimos a construir.

(*) Exdiplomática, escritora y analista internacional