Cuando la geopolítica se cobra en dólares
Irán no solo ha encarecido el tránsito por el estrecho de Ormuz; ha enviado un mensaje brutalmente claro: en un orden internacional debilitado, quien controla un cuello de botella estratégico puede convertirlo en caja registradora y arma política a la vez. Cobrar hasta 2 millones de dólares a ciertos buques por cruzar este corredor marítimo es menos una medida administrativa y más un recordatorio de poder. La pregunta de fondo no es solo cuánto subirá el petróleo, sino cuánto puede soportar el sistema internacional cuando la lógica del “peaje geopolítico” se normaliza.
El estrecho de Ormuz concentra cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, pero durante años el mundo lo ha tratado como un hecho dado, casi como si fuera una autopista natural garantizada por inercia histórica y presencia militar occidental. Hoy Irán rompe esa ilusión: si el paso depende de su capacidad militar y de su voluntad política, entonces intentará capitalizarlo tanto como instrumento de presión en la guerra como fuente extraordinaria de ingresos. La frontera entre un peaje “legal”, la extorsión y el chantaje estratégico se vuelve deliberadamente borrosa.
Las potencias occidentales, previsiblemente, reaccionan denunciando la amenaza a la libertad de navegación, pero lo hacen desde una autoridad erosionada. ¿Con qué legitimidad se condena el uso de rutas marítimas como palanca de presión cuando los propios regímenes de sanciones financieras, embargos energéticos y bloqueos comerciales se han normalizado como herramientas de política exterior? No se trata de justificar la maniobra iraní, sino de reconocer que es hija de un ecosistema donde la economía se ha militarizado y la seguridad se ha mercantilizado. Irán no inaugura una lógica; la lleva al extremo.
Para América Latina y el Caribe, mirar este episodio como un conflicto lejano sería un error estratégico. La región entra a esta crisis en una posición incómoda: dependiente de combustibles fósiles (especialmente en el Caribe y Centroamérica), con márgenes fiscales estrechos y altos niveles de malestar social. Cada dólar adicional en el barril de petróleo se traduce en presión política interna: tarifas de transporte, costos de alimentos, facturas de electricidad. La “tasa de Ormuz” puede convertirse, silenciosamente, en un impuesto regresivo sobre los hogares más pobres de la región.
Pero no todo es pérdida automática. Exportadores de crudo como Brasil, Colombia o Ecuador podrían ver ingresos extra, aunque condicionados por sus propios cuellos de botella: capacidad productiva limitada, problemas de infraestructura, tensiones socioambientales. El riesgo es que estos beneficios sean coyunturales y capturados por Estados con poca capacidad para transformarlos en inversión productiva o protección social sostenible. Un boom de caja fiscal sin reforma estructural solo agranda la montaña rusa de la dependencia primaria.
Más preocupante aún es el impacto sobre fertilizantes y cadenas agroalimentarias. Si los costos logísticos y de seguros de los cargamentos que cruzan Ormuz se disparan, el encarecimiento de insumos agrícolas golpeará de lleno a productores latinoamericanos, en especial pequeños y medianos. En una región que ya convive con inflación de alimentos, esto puede convertirse en el detonante de nuevas olas de protesta. La geopolítica del Golfo termina expresándose en el precio del arroz, el maíz y el transporte urbano en Bogotá, Lima o Santo Domingo.
Frente a esto, la respuesta latinoamericana no puede limitarse a lamentar la volatilidad de los mercados. La región tiene tres tareas urgentes. Primero, asumir que la seguridad energética no es un tema técnico, sino político: diversificar proveedores, acelerar la transición hacia fuentes renovables y construir reservas estratégicas deja de ser discurso para convertirse en condición de estabilidad democrática. Segundo, repensar su política agrícola y de fertilizantes, buscando alternativas productivas y tecnológicas que reduzcan la vulnerabilidad a shocks externos. Tercero, articular una posición diplomática menos reactiva, capaz de defender la libertad de navegación y, al mismo tiempo, cuestionar un sistema internacional que tolera –cuando le conviene– el uso instrumental de rutas, sanciones y mercados.
El “peaje de Ormuz” es un síntoma de algo más profundo: la fragmentación de las reglas del juego global. Si cada actor con control sobre un punto crítico del sistema decide monetizarlo de forma unilateral, el resultado será un mundo más caro, más inestable y más desigual. América Latina y el Caribe, tradicionalmente en la periferia de las decisiones estratégicas, pagan la factura sin haber estado en la mesa donde se diseñan las jugadas. La verdadera discusión, entonces, no es solo cuánto cuesta cruzar Ormuz, sino cuánto está dispuesta la región a seguir financiando, con su vulnerabilidad, un orden internacional que no termina de reconocerla como actor, sino como variable de ajuste.
Artículo publicado en el Diario Eje21
