Modelo económico de derecha, desigualdad y riesgos para la paz
En los últimos años, el Papa Francisco ha insistido en que la humanidad ha permitido que la brecha entre ricos y pobres se convierta en “la mayor de la historia”, fruto no de una fatalidad económica sino de decisiones políticas y de prioridades equivocadas. Esa imagen del “gran abismo” no es solo una metáfora moral: sintetiza una alerta sobre la sostenibilidad social, política y económica de un modelo que, en nombre de la eficiencia, termina normalizando la exclusión.
Buena parte de los gobiernos de derecha en el mundo han impulsado agendas centradas en desregulación, reducción del papel del Estado, rebajas tributarias al capital y flexibilización laboral, bajo la premisa de que el mercado, si se le deja actuar, generará crecimiento y bienestar que luego “gotean” hacia abajo. Francisco no condena el mercado como tal, pero sí critica con fuerza cuando los mecanismos económicos funcionan “en automático” y consolidan la riqueza de unos pocos mientras convierten a muchos en descartables. Desde la doctrina social de la Iglesia, el problema no es solo cuánto crece la economía, sino quiénes se benefician de ese crecimiento y quiénes quedan sistemáticamente al margen.
La evidencia económica reciente refuerza esta preocupación. Organismos internacionales y centros de investigación han mostrado que, si bien cierto nivel de desigualdad puede ser compatible con el dinamismo, aumentos prolongados de la brecha de ingresos tienden a frenar el crecimiento y a generar inestabilidad. La concentración de la renta en los segmentos más altos no solo limita las oportunidades de los hogares de menores ingresos, especialmente en educación y salud, sino que además reduce la movilidad social y alimenta la percepción de que el sistema es “para otros”. Lejos de ser un efecto colateral menor, la desigualdad excesiva se convierte en un freno estructural al desarrollo.
En el plano social y político, las consecuencias son igualmente graves. El propio Francisco ha vinculado la “enorme grieta” entre ricos y pobres con el malestar social, los conflictos y el debilitamiento de la democracia. Estudios sobre cohesión social muestran que las sociedades altamente desiguales registran mayores niveles de desconfianza interpersonal, menor legitimidad de las instituciones y más probabilidad de protestas masivas y violencia. En esos contextos, el resentimiento social no es una categoría moralista, sino un dato político: amplios sectores sienten que “no tienen nada que perder”, lo que facilita la emergencia de liderazgos populistas y polarizadores, tanto de derecha como de izquierda.
Cuando a la inequidad económica se suman exclusiones étnicas, territoriales o generacionales, el riesgo se amplifica. Investigaciones en ciencia política y estudios de paz subrayan que la desigualdad, especialmente cuando se percibe como injusta y ligada a identidades específicas, actúa como combustible para conflictos internos. No se trata de afirmar que toda desigualdad conduce a la guerra, pero sí de reconocer que el “gran abismo” que separa a élites y mayorías genera condiciones fértiles para estallidos de violencia, guerras civiles o respuestas autoritarias que buscan “contener” el descontento.
Desde la perspectiva económica, la espiral es perversa. Los conflictos sociales y la inestabilidad política asociados a la desigualdad disuaden la inversión productiva, encarecen el crédito y desvían recursos públicos hacia el control del orden y, en casos extremos, hacia el gasto militar. Al mismo tiempo, el debilitamiento del Estado social —característico de muchas agendas de derecha— reduce la capacidad de los gobiernos para amortiguar las crisis mediante políticas redistributivas, servicios públicos robustos y sistemas de protección social. El resultado es una economía más volátil, con menos capacidad de innovar y con una base social crecientemente frustrada.
Frente a este panorama, la propuesta del Papa Francisco no se limita a un llamado abstracto a la caridad. Su insistencia en el “destino universal de los bienes” y en la responsabilidad compartida frente a la pobreza apunta a reorientar el modelo de desarrollo hacia una mayor centralidad del bien común y de la inclusión. Ello implica revisar diseños tributarios que favorecen desproporcionadamente a los más ricos, robustecer los servicios públicos universales y promover un diálogo social que reconstruya la confianza entre sectores. No se trata de negar el rol del mercado, sino de encuadrarlo en un marco institucional que garantice que el crecimiento económico no abra, sino que cierre, el abismo entre ricos y pobres.
La disyuntiva, entonces, no es entre un modelo de derecha “eficiente” y uno social “ineficiente”, sino entre proyectos capaces de sostener la cohesión social y la paz, y otros que, por priorizar beneficios de corto plazo para minorías, siembran las semillas del conflicto y del declive económico futuro. Escuchar la advertencia del Papa sobre el “gran abismo” supone reconocer que la estabilidad de nuestras democracias y la solidez de nuestras economías dependen, en última instancia, de que nadie quede permanentemente al otro lado del puente.
Artículo publicado en el Diario Eje21
