Crisis del orden liberal internacional y desafíos para América Latina y Colombia.
La ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán en 2026, dirigida contra infraestructura militar y nuclear iraní y acompañada de la muerte del líder supremo Ali Khamenei, marca un punto de inflexión en Medio Oriente y en la arquitectura global de seguridad. Esta escalada, precedida por años de tensiones nucleares, sanciones y conflictos indirectos, consolida una guerra abierta regional con impactos que desbordan el ámbito bilateral. El conflicto expresa la incapacidad del sistema internacional para procesar disputas estratégicas mediante mecanismos diplomáticos robustos, y reabre el debate sobre la vigencia del orden liberal internacional.
Más que un orden liberal estable, el contexto actual puede caracterizarse como un orden híbrido y contestado. Por un lado, persisten instituciones multilaterales, regímenes de derechos humanos y retóricas sobre el “orden basado en reglas”. Por otro, las potencias recurren de forma creciente al uso unilateral y preventivo de la fuerza, debilitando las normas de no intervención y el propio rol del Consejo de Seguridad. Irán, junto con otros actores considerados revisionistas, cuestiona la asimetría de un sistema donde Estados Unidos y sus aliados parecen conservar capacidad para violar reglas que exigen a otros cumplir. La guerra, lejos de reafirmar el orden liberal, acelera su erosión y favorece un sistema de bloques, con menor gobernanza global efectiva sobre seguridad, energía y proliferación nuclear.
Desde la perspectiva de la paz mundial, la ofensiva tiene efectos ambivalentes. Un argumento “positivo”, aunque limitado, es el efecto disuasivo: el mensaje de que la búsqueda de capacidades nucleares militares puede acarrear costos devastadores puede frenar a ciertos Estados. Asimismo, el debilitamiento del régimen iraní podría, en teoría, abrir espacios futuros para transformaciones políticas internas más abiertas. Sin embargo, predominan los impactos negativos. La normalización de bombardeos masivos y asesinatos selectivos contra autoridades estatales sienta precedentes graves, reduce el umbral para el uso de la fuerza y socava el derecho internacional. El riesgo de proliferación, lejos de disminuir, puede aumentar, al reforzar la idea de que la única garantía frente a intervenciones externas es disponer de disuasión nuclear creíble. Además, la percepción de doble rasero occidental, especialmente tras las guerras en Gaza y otros escenarios, alimenta narrativas antioccidentales en el Sur Global y profundiza la crisis de legitimidad del liderazgo estadounidense.
Para América Latina y el Caribe, la guerra se traduce en impactos económicos, diplomáticos y de seguridad. En el plano económico, la inestabilidad en el Golfo Pérsico y las amenazas sobre el estrecho de Ormuz presionan al alza los precios del petróleo y el gas. Esto beneficia a exportadores de hidrocarburos, pero encarece importaciones de energía y transporte, afectando inflación y balanzas externas. A nivel diplomático, la región experimenta presiones para alinearse; algunos gobiernos refuerzan vínculos con Washington, mientras otros adoptan posturas de no alineamiento o críticas a las acciones unilaterales, fragmentando aún más la voz latinoamericana. En materia de seguridad, crecen la cooperación en inteligencia y la narrativa sobre posibles células vinculadas a actores del Medio Oriente, lo que puede justificar políticas de securitización con riesgos para derechos y libertades.
En el caso de Colombia, las repercusiones combinan dimensiones diplomáticas, económicas y de seguridad interna. En política exterior, una postura que rechace el uso unilateral de la fuerza y enfatice el derecho internacional se alinea con una imagen de país defensor de la solución pacífica de controversias, pero debe balancearse con la condición de socio estratégico de Estados Unidos. En lo económico, Colombia, importador de combustibles, se ve expuesta al aumento de precios internacionales, con impactos en transporte, alimentos e inflación; simultáneamente, mayores precios del crudo pueden aumentar ingresos fiscales por exportaciones petroleras y carboníferas, generando un dilema entre estabilidad macroeconómica y presión social por el costo de vida. En seguridad, es probable una intensificación de la cooperación en inteligencia con EE. UU. y otros aliados, y el riesgo de que Colombia sea percibida como país alineado, lo que la expone más en el plano simbólico y en posibles ciberataques, aunque la probabilidad de agresión directa sigue siendo baja.
En síntesis, la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel no refuerza el orden liberal internacional, sino que profundiza una transición hacia un sistema más fragmentado, con normas debilitadas y mayor espacio para la fuerza sobre la diplomacia. Para América Latina, y para Colombia en particular, el desafío consiste en proteger sus intereses económicos y de seguridad sin renunciar a una política exterior coherente con la defensa de la paz, el multilateralismo y el derecho internacional.
Artículo publicado en el Diario Eje21