Por qué la Junta de Paz de Trump amenaza a la ONU
La creación de la llamada Junta de Paz impulsada por el presidente Donald Trump abre un frente de tensión directo con el sistema multilateral construido en torno a las Naciones Unidas. Este nuevo organismo, concebido inicialmente para gestionar el alto el fuego y la reconstrucción en Gaza, se presenta en la práctica como una estructura paralela de gobernanza internacional, con vocación expansiva hacia otros conflictos y agendas. Su diseño, centrado en el liderazgo de una sola potencia y en la capacidad de aporte financiero de los Estados, representa un desafío frontal al principio de igualdad soberana y al orden liberal internacional basado en normas y en instituciones compartidas.
El riesgo central radica en que la Junta de Paz no se limita a complementar a la ONU, sino que tiende a sustituirla en funciones clave: mediación de conflictos, definición de arreglos políticos y canalización de recursos para la reconstrucción. Al concentrar el poder en la figura del presidente estadounidense, que preside la Junta, supervisa la admisión y expulsión de miembros y dispone de amplios poderes de veto, el esquema rompe con la lógica de contrapesos y deliberación colectiva que caracteriza a la ONU. A ello se suma un componente particularmente problemático: la posibilidad de “comprar” asientos permanentes mediante aportes de miles de millones de dólares, lo que institucionaliza una paz de accionistas, donde el peso económico sustituye la legitimidad jurídica y el compromiso con el derecho internacional.
Esta ofensiva institucional se produce, además, en el peor momento posible para Naciones Unidas. La organización atraviesa una crisis financiera sin precedentes, con un volumen de cuotas impagas que amenaza su capacidad operativa básica. El retraso y la negativa de algunos grandes contribuyentes a honrar sus obligaciones han generado un déficit acumulado de miles de millones de dólares, que afecta tanto al presupuesto ordinario como a las operaciones de mantenimiento de la paz. El propio secretario general ha advertido sobre el riesgo de un “colapso financiero inminente” si no se corrige de manera urgente la trayectoria actual, con impacto directo en programas esenciales de derechos humanos, ayuda humanitaria, desarrollo sostenible y misiones de paz sobre el terreno.
La combinación de una institución multilateral debilitada y un proyecto alternativo altamente politizado crea un escenario propicio para la erosión del orden liberal internacional. Si la Junta de Paz empieza a atraer recursos de Estados dispuestos a financiar coaliciones ad hoc bajo liderazgo estadounidense, los programas de la ONU en regiones vulnerables —África, Oriente Medio, América Latina— perderán aún más financiación y capacidad de acción. Se abriría así un espacio mayor a acuerdos opacos, diplomacia coercitiva y arreglos excluyentes, en detrimento de la transparencia, la universalidad y la legitimidad que, con todas sus limitaciones, ofrece el sistema de Naciones Unidas.
Frente a este panorama, fortalecer a la ONU no es un gesto simbólico, sino una necesidad estratégica. El primer eje pasa por sanear su base financiera: exigir el pago íntegro y puntual de las cuotas, especialmente a las grandes potencias deudoras, y explorar mecanismos automáticos de estabilización, como fondos de reserva reforzados o instrumentos financieros innovadores dedicados a la paz y al clima. El segundo eje es la reforma institucional, en particular del Consejo de Seguridad, para corregir la subrepresentación del Sur Global mediante nuevos escaños permanentes y no permanentes para África y América Latina, y para avanzar hacia una limitación política del veto en casos de atrocidades masivas.
Un tercer eje consiste en democratizar y acercar la ONU a las sociedades. Esto implica fortalecer la rendición de cuentas del Consejo ante la Asamblea General, ampliar los espacios para la participación estructural de la sociedad civil, parlamentos y actores locales en el diseño e implementación de mandatos, y reforzar los mecanismos de supervisión y evaluación independiente. Una ONU más representativa, transparente y eficaz será también menos vulnerable a las narrativas que pretenden presentarla como obsoleta o irrelevante.
En este esfuerzo, América Latina y el Caribe, Europa, Canadá y todas las democracias que creen en el multilateralismo tienen un papel central. La región latinoamericana y caribeña, a través de la CELAC y otros foros, puede articular una posición común que condicione su participación en iniciativas ad hoc a su plena compatibilidad con la Carta de la ONU. Europa y Canadá, que ya observan con cautela la Junta de Paz, pueden transformar esa prudencia en una estrategia: reforzar sus contribuciones financieras a Naciones Unidas, apoyar activamente la reforma del Consejo de Seguridad y negarse a legitimar estructuras paralelas carentes de controles y contrapesos.
Neutralizar la pretensión de sustituir la ONU y el orden liberal institucionalizado no pasa por una confrontación aislada con Estados Unidos, sino por tejer coaliciones amplias que resten legitimidad, recursos y masa crítica a cualquier “ONU alternativa”. La defensa del multilateralismo, de las libertades y de los derechos fundamentales exige hoy no solo preservar las instituciones existentes, sino reformarlas a fondo para hacerlas más inclusivas, representativas y capaces de responder a los nuevos retos del siglo XXI.
Publicado en el Diario Eje21
