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Lo que nos faltaba

Publicado el 31 July, 2019 Opinión Por Clara Inés Chaves R.

Es aterradora la noticia de prensa titulada “Petroleras y mineras financian a la
Fuerza Pública y a la Fiscalía” que salió publicada en el diario “La liga contra el
silencio” de fecha 24 de julio del año en curso , pone al descubierto convenios
secretos que realizan al parecer más de 70 empresas nacionales e internacionales
principalmente del sector minero-energético con la Fiscalía General de la Nación y
el Ministerio de Defensa, en los cuales según la noticia, no involucra la seguridad
nacional, sino “inversiones en paquetes turísticos para militares y policías,
instrumentos musicales y otros gastos detectados en más de 200 acuerdos”. “En
Colombia, más de 70 empresas nacionales e internacionales, principalmente del
sector minero-energético, celebran convenios de cooperación con instituciones
públicas como el Ministerio de Defensa, integrado por las Fuerzas Militares; con la
Policía e incluso con la Fiscalía General de Nación”.
La existencia de esos acuerdos no es ilícita porque no cumplen con el fin que es la
protección de la seguridad nacional, sino que se utilizan para para el bienestar
personal de los funcionarios; y el ‘bienestar espiritual’: como es la construcción y
mantenimiento de capillas, según lo dicho por la fuente antes mencionada.
Según la noticia, es poco lo que se conoce sobre esta clase de negociaciones, las
que existen desde 1996, y solo fueron regulados por el Ministerio de Defensa en
2014, mediante la resolución 5342. Cuando se hacen con la Fuerza Pública
contemplan aportes en dinero y especie a las instituciones a cambio de que
presten seguridad y vigilancia a las actividades e instalaciones de las empresas.
No sobra mencionar que se estaría violando lo estipulado en la ley de
contratación con entidades estatales, la cual se debe de realizar a través del
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
Lo grave de la noticia, es que dice: “la investigación también arrojó que los dineros
están siendo invertidos por fuera de los territorios donde el convenio dice tener
vigencia. Es el caso del convenio 12-031, para los departamentos de Arauca,
Putumayo y Nariño, que destinó 3.700 millones de pesos a la construcción de la
Escuela de Helicópteros CACOM 4 en Flandes, Tolima”.
Para la abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, Rosa María Mateus, los
líderes y las empresas no están en igualdad de condiciones jurídicas cuando hay
convenios vigentes, con lo cual en mi opinión se presta a tráfico de influencias y
otros delitos.
Según la Sra. Mateus, “estos convenios son una excusa para privatizar la justicia y
deslegitimar los procesos organizativos de los líderes en región”.
Para algunos expertos, estos convenios formalizan un trato entre las empresas y
las entidades del Estado. La situación es mucho más compleja si se tiene en
cuenta que varias de las empresas, registradas en la base de datos, ya tienen
señalamientos por violaciones de derechos humanos. Es el caso de las
mineras Drummond y Prodeco. Ambas empresas fueron señaladas
por presuntamente financiar a paramilitares entre 1996 y 2006, según el informe
‘El lado Oscuro del Carbón’ de Pax Christi, un movimiento católico internacional
por la paz…
Con lo anteriormente expuesto, no deja uno de horrorizarse, porque parecería ser
otro caso de corrupción de los muchos que salen a diario en el país.
Se podría considerar también como otro caso parecido al de los “falsos positivos”,
en el sentido de que se violan los derechos humanos, el debido proceso, el
derecho a la defensa, y se pone en peligro muchos derechos fundamentales,
además de existir conflicto de intereses.
Toda esta problemática resulta de la falta de Estado que existe en algunas
regiones del país, pues si lo hubiera, no existiría la mal llamada “necesidad” de
acudir a la protección privada o a esta clase de contratos, porque el Estado de
manera transparente cumpliría con lo dispuesto en la constitución y en la ley en
materia no solo de seguridad nacional y de seguridad para los colombianos, sino
que existiría equidad social.
Esta enfermedad que padece el país a causa de la debilidad del Estado, es el
caldo de cultivo para toda clase de delitos, acabando con los valores que como
país tenemos, y vulnerando todos los derechos fundamentales y las instituciones
democráticas.
Las tribulaciones por las que ha pasado Colombia en materia de inequidad social,
violencia, corrupción, muerte de niños y ancianos por hambre y desnutrición, falta
de servicios públicos y de educación en algunas poblaciones del país, se deben a
la fragilidad del Estado y a la falta de compromiso de la clase política para con la
comunidad y para con el país.