El acuerdo de paz que se firmó entre el Estado colombiano y las FARC el 24 de noviembre de 2016 reúne las distintas propuestas de los sectores del país que se opusieron al pacto inicial y que hicieron campaña por el “NO” en el plebiscito previo del 2 de octubre. El partido Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, trató de torpedear la creación y consolidación de los distintos órganos que nacieron con el acuerdo y en particular la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Justicia Transicional (JT). Sin embargo, éstos surgieron a la vida jurídica, aunque se hundió la representación de las víctimas en el Congreso.

La JT, como su nombre lo indica, surge para países que, como Colombia, pasan de un conflicto armado interno a un estatus de paz. Es la justicia idónea para el período de transición, que pretende reparar el daño ocasionado tanto a las víctimas como a la sociedad y, junto con ello, fortalecer las instituciones democráticas y devolverle al Estado su credibilidad transversal.

La JT no es sinónimo de impunidad como quiere la oposición, pues no existen amnistías, indultos ni beneficios similares “para aquellos actores del conflicto que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra” y demás delitos que se consagran en el Estatuto de Roma. Las amnistías e indultos se otorgan para los delitos políticos y conexos cometidos por los excombatientes guerrilleros que hayan dejado las armas y firmado un acuerdo de paz con el gobierno. Para los agentes del Estado y terceros civiles existen tratamientos penales especiales diferenciados.

La Justicia Transicional permite penas retributivas y alternativas para los actores del conflicto que hayan firmado el acuerdo o se hayan acogido a éste. Las penas dependerán del reconocimiento a la verdad y a la responsabilidad por parte de los victimarios, así como de la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El hecho que el presidente Iván Duque designara en altos cargos, con responsabilidad en la ejecución de los acuerdos, a algunos funcionarios no comprometidos con los mismos, ha inducido algunos retrocesos en su consolidación. Es el caso del director del Centro de Memoria Histórica quien, con una actitud negacionista sobre la existencia del conflicto armado, retiró a Colombia de la red internacional de centros de memoria histórica.

La gran mayoría de la sociedad civil reclama a voces la implementación, el cumplimiento y el avance de los acuerdos de paz. Los diplomáticos de los países que conforman la Unión Europea, como su embajadora en Colombia, han sido los mayores donantes en los períodos de negociación, firma y consolidación del acuerdo de paz, así como sus principales aliados políticos. Han venido solicitando al gobierno, de manera reiterativa, el avance en la consolidación de los acuerdos y la protección de los líderes sociales que, aun en esta época de cuarentena, continúan siendo asesinados.

De igual forma, las víctimas, corazón de los acuerdos de paz, han sido actores importantes y trabajan arduamente, colaborando con la Comisión de la Verdad. Haciéndolo, contribuyen a una más sólida relación con los objetivos del desarrollo sostenible 2030.En resumen, pese a que la polarización política ha tratado de desvirtuar las bondades del acuerdo de paz, este continúa siendo una apuesta a mediano y largo plazo, que servirá para voltear la página de la historia y reconciliar a los distintos actores de la sociedad colombiana.

CLARA INÉS CHAVES Escritora. Ex diplomática de Colombia. Artículo Publicado en la revista «Realidad y Perspectivas No. 84»  Universidad de Chile. Chile